Impulsan endurecer revisión y sanciones a irregularidades de funcionarios
Con un llamado a reformas legislativas en Nuevo León para endurecer revisiones y sanciones contra funcionarios que incurran en irregularidades, organismos ciudadanos y empresariales anunciaron ayer la integración de la Coalición Anticorrupción.
Consejo Cívico, Ciudadanos Contra la Corrupción (CCC), Caintra, Coparmex, Evolución Mexicana, el Colegio de Abogados de Nuevo León, el Consejo para la Planeación Estratégica y ciudadanos en lo individual forman parte de este esfuerzo.
Aprovechando que todos los Estados, explicaron los activistas, tendrán que ajustar su marco legal al Sistema Nacional Anticorrupción promulgado en mayo, se busca incidir para mejorar en Nuevo León lo aprobado a nivel federal.
“(Proponemos)”, dijo Salvador Benítez, de CCC, “integrar aspectos sobre responsabilidades de los funcionarios públicos, que incluyen publicidad de declaraciones, sanciones más severas…, no prescripción de responsabilidades de funcionarios públicos… y no prescripción de facultad del Estado para recuperar sus bienes o los montos desviados”.
También proponen que el Sistema Estatal Anticorrupción sea eficiente, permita una mayor participación ciudadana y equilibrio de poder, esté orientado a acabar con la impunidad y tenga personas encargadas con las características requeridas.
Asimismo, buscan dar autonomía a la Procuraduría estatal y a la Auditoría Superior del Estado, entre otras propuestas.
Sandrine Molinard, de Consejo Cívico, explicó que en agosto empezaron el trabajo conjunto y en septiembre sostuvieron una primera reunión con legisladores locales.
José Mario Garza, de Coparmex, añadió que el 21 de octubre realizarán un panel y una consulta a la que convocarán al Congreso, ya que la intención es que se pueda elaborar una iniciativa respaldada por legisladores y ciudadanos.
“Es la oportunidad histórica de incidir en una auténtica reforma que combata la impunidad y la corrupción”, señaló Garza.
Sobre el Subprocurador Anticorrupción, que desaparecería con el Sistema Estatal Anticorrupción, Molinard consideró que podría seguir vigente la actual figura -encabezada por Ernesto Canales- hasta que agote sus temas.